En defensa de los Derechos Humanos

Más de 116 países evaluaron a México en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y emitieron varias recomendaciones en torno a la defensa de los Derechos Humanos, asesinatos a periodistas, violencia contra las mujeres, migración, entre otros.

Uno de los puntos centrales de observación fue la militarización del país, la falta de investigaciones exhaustivas e independientes para dar con los responsables en materia de desapariciones forzadas, así como la violencia generalizada.

El hecho es insólito y bochornoso, pero sobre todo, lamentable. Es una dura llamada de atención a los errores y omisiones cometidos por esta administración federal, específicamente, a la mal llamada estrategia de seguridad: “abrazos, no balazos”.

Lo acontecido debe preocuparnos y no debemos dejar pasar la noticia como una más, se trata de la imagen que México proyecta hacia el exterior, cuestión que impacta negativamente en múltiples dimensiones, como en lo económico, el turismo o la inversión extranjera.

Para cualquier otro gobierno esa denuncia internacional sería motivo de alerta, pero no para la 4T, quienes todo lo ven con sesgo político e ideológico. Todo es ataque del bloque conservador, todo es un complot de la derecha y, en medio del discurso, están las víctimas que siguen esperando justicia o las familias mexicanas que viven en entornos inseguros.

La realidad es que no ven que tales observaciones son una fuerte y urgente llamada de atención para cambiar la estrategia de seguridad y que su pasividad y tolerancia ha traspasado las fronteras.

Pero lo que vino a enturbiar más el contexto fue la declaración hecha hace unos días por la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, pro-4T, quien desconociendo la importancia del organismo que ella misma preside y la historia que le precede, propuso que desapareciera dicha institución como organismo constitucional autónomo, para convertirse en un departamento más del gobierno central; ni más ni menos que el ente encargado de proteger, salvaguardar y defender los derechos humanos.

La propuesta, además de insostenible, es ofensiva. Ofensiva para las víctimas del crimen organizado, para todas y todos los periodistas que han perdido la vida, para los miles de desaparecidos y asesinados cuyas familias no encuentran confortamiento y, en general, para todas y todos los mexicanos que están a la espera de recibir justicia. Es inaceptable la insensibilidad que hay frente al dolor humano.

Para cualquier administración, el respeto y protección a los Derechos Humanos debe ser punto central de su gobierno, no puede estar sujeto a colores o posturas, se trata del avance más significativo de la última década.

No se nos olvide que la reforma constitucional de 2011 fue un parteaguas en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y es nuestro deber acatarla, defenderla y promoverla. Si el gobierno no lo hace, hagámoslo nosotros como ciudadanía.

Abigail Arredondo Ramos
Presidenta del CDE del PRI Querétaro