El INE en el desarrollo de la vida política de México

Resumen

En el presente trabajo se abordará el tema sobre el papel que ha desempeñado el Instituto Nacional Electoral (INE) en la vida democrática de nuestro país, desde su aparición como el Instituto Federal Electoral (IFE); los cambios y transformaciones que éste ha tenido y su participación en los procesos electorales a lo largo de 32 años como autoridad electoral; tema crucial, sobre todo porque actualmente está a discusión en la máxima tribuna de representación en nuestro país la Reforma Electoral planteada por el Presidente de la República, que ha polarizado a la opinión pública y más aún a los diferentes partidos políticos.

Palabras clave: INE, IFE, Elecciones, Democracia.

Hablar de la labor que implica la organización y realización de un proceso electoral no es nada sencillo, todo lo contrario, resulta ser un tema por demás complejo, nuestro país está conformado por 31 entidades federativas y la Ciudad de México, autónomas, libres y soberanas en cuanto a su régimen interior, pero sujetas a un pacto federal que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal.[1]

Aunado a lo anterior también nuestra carta magna establece que, como nación, somos un pueblo soberano, que ejerce precisamente esa soberanía por medio de los poderes de la unión, por los poderes de los Estados y de la de la Ciudad de México, y que la renovación de éstos se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.[2] ¿Y quién realiza estas elecciones? Hoy en día quien se encarga de celebrar y regular los procesos electorales y nombrar las directrices a las que se sujetarán los participantes de dichos procesos es el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo constitucional autónomo, con las funciones de máxima autoridad en la materia, pero no siempre ha sido así.

Retrocediendo en los años de nuestra historia, desde que México se convirtió en un país independiente, han sido distintos los regímenes políticos que ha tenido nuestro país: liberales, conservadores y algunos autoritarios; el más marcado el del General Porfirio Díaz, y distintas las formas de acceder a los cargos de elección popular, unas incluso derivadas de levantamientos armados y manchadas de sangre.

Históricamente, el primer órgano electoral propiamente denominado como tal fue creado en 1946 y a raíz de la entrada en vigor de la denominada Ley Federal Electoral se crea la Comisión Federal de Vigilancia, cuyo órgano de gobierno estuvo conformado por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un Diputado, un Senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia; posteriormente, nace en 1973 la Comisión Federal Electoral, que dentro de sus novedades incorpora al órgano de gobierno a representantes con voz y voto ya no sólo de los partido de mayor relevancia, sino también a aquellos que tuvieran registro; más tarde, con la reforma política-electoral de 1977, que expedía la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), se modifica la composición de la comisión, quedando presidida por el Secretario de Gobernación, un Senador y un Diputado, un representante por cada partido político con registro y un notario; hasta aquí podemos notar que es el Estado quién realmente organiza los procesos electorales, propiamente a manos del Poder Ejecutivo.

Hasta aquí hablamos de que en nuestro país imperaba un modelo de autoridad electoral de carácter gubernamental, en el que encontrábamos dentro de sus miembros a representantes gubernamentales, lo cual evidentemente no proporcionaba certeza a la ciudadanía de tener unos comicios transparentes que garantizaran la equidad en la contienda.

Después de las controvertidas elecciones federales de México de 1988, que se encontraron manchadas por serias acusaciones de un fraude electoral, se decretó la reforma política-electoral de 1990, con la que se expedía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que creaba el Instituto Federal Electoral (IFE), como autoridad encargada de organizar las elecciones; una institución imparcial con el principal objetivo de aumentar la confianza ciudadana en los comicios, aunque formalmente independiente del gobierno, pero controlada por la Secretaría de Gobernación, situación que vendría a cambiar finalmente años mas tarde; “la reforma de 1996 otorgó independencia a las autoridades electorales mexicanas: los nueve consejeros que integran el CG del IFE fueron propuestos por los grupos parlamentarios y aprobados por las dos terceras partes del Congreso, y se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con decisiones inatacables; que pasó a formar parte precisamente del Poder Judicial de la Federación”[3]. Se convierte al IFE en un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; con esto se establece la clara separación de las autoridades electorales del Poder Ejecutivo y Legislativo, con la finalidad de fortalecer la confianza y certeza en los procesos electorales.

Con una nueva reforma político-electoral se crea el INE, el 10 de febrero de 2014, organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la atribución de organizar las elecciones en México, tanto federales como locales, estas últimas en colaboración con los Organismos Públicos Locales Electorales de cada entidad.

El INE tiene ahora la responsabilidad de organizar los comicios en los que se elige cada seis años al Presidente de la República, los 128 Senadores, así como cada tres años a los 500 Diputados Federales, y la coadyuvancia en los procesos en los que se elige a los Gobernadores de las entidades federativas, a los integrantes de sus respectivas Legislaturas, así como sus municipios; además de entre otras muchas atribuciones, la de integrar el Registro Federal de Electores, a través del cual se le da a la ciudadanía su credencial para votar con fotografía, la cual es el principal medio de identificación de los ciudadanos en nuestro país.

No se puede hablar de la vida política en nuestro país sin reconocer la labor y las aportaciones que como IFE o INE han contribuido en ello; en las últimas tres décadas desde que existe un organismo independiente encargado de organizar las elecciones la vida política de México ha cambiado mucho; en 30 años, tres fuerzas políticas se han alternado la titularidad del Poder Ejecutivo, así como la mayoría en las cámaras, que es donde se discute y decide el rumbo de nuestra nación, y ha ido evolucionando en muchos aspectos, proceso tras proceso, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, que lo rigen, ha logrado contribuir en gran medida al desarrollo de la vida democrática del país, prevaleciendo el régimen de partidos políticos, asegurando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales, garantizando la celebración de la elecciones y velando por la autenticidad y efectividad de nuestro voto.

Como institución es perfectible y hemos visto que a través de las reformas ha evolucionado, se ha transformado como autoridad administrativa electoral, incorporando mecanismos que garanticen entre otros aspectos elecciones libres y la equidad en la contienda; esperemos que una próxima reforma, si se pudiera dar, contribuya a un efectivo fortalecimiento de la democracia mexicana y sus instituciones.

Antonio de Jesús Arteaga Arreguin


Notas:

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 40.

[2] Idem, Art. 41.

[3] Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manual de Autoridades Electorales, pág 19.


Referencias:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manual de Autoridades Electorales, México, 2016.
  • Escuela Judicial Electoral, Curso Introducción al Derecho Electoral, Apuntes, México, 2019.

Publicación de divulgación, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020.

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